PRONTO DESPACHO EN LA I.P.P. Y LA QUERELLA


Salta, 07 de junio de 2019

EL sistema de enjuiciamiento penal Salteño, diagramado mediante el Código de procedimiento respectivo hace gala (aunque a veces sólo lo sea de una manera meramente nominal) de disposiciones que persiguen tornar operativa la garantía a ser juzgado en un plazo razonable; instituida por el artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 7.5 y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica.-

ASÍ podemos apuntar que se destacan dos normas que ante la falta de pronunciamiento o decisión expresa llevan al sobreseimiento del encausado; ellas son el artículo 219 (que ha sido completamente desnaturalizado por la interpretación judicial y fiscal a partir del precedente HUMANO de la Corte de Justicia de Salta) y el 256 (reformado por la Ley N° 7.690 y tomado del Código Procesal Penal de Chubut) y que será objeto de análisis en estos párrafos.-

LA disposición procesal referida en último término establece que la Investigación Penal Preparatoria debe llevarse a cabo dentro del plazo de cuatro meses contados desde la declaración del imputado, indicando que si son varios, desde la última de ellas. Dispone asimismo que si ha transcurrido ese término sin que el Fiscal interviniente requiera juicio, el propio interesado podrá interponer pronto despacho ante el órgano acusador y que si este se mantiene sin pronunciarse, se podrá solicitar al Juez de Garantías el sobreseimiento.-

SIN perjuicio de la crítica que pueda merecer desde el punto de vista del imputado el hecho que éste tenga que instar su propia acusación mediante el planteo de pronto despacho (en ese sentido se pronuncia el Dr. Gustavo VITALE), entiendo que dicha norma hace caso omiso o pasa completamente por alto la situación de la víctima cuando ésta se ha constituido en querellante; lo que puede acontecer desde la citación a audiencia de imputación.-

LO dicho en el párrafo anterior se basa en que, ante el pronto despacho de la Defensa y el eventual silencio del Ministerio Público Fiscal, se impondría el sobreseimiento del imputado sin habérsele otorgado posibilidad alguna de intervención a la querella, ello a pesar que los precedentes SANTILLAN (CSJN 1998/08/13, LA LEY, 1998-E, 331-) y STORCHI (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I, Sala I, “Storchi”, del 8-3-04, publicado en La Ley del 6-10-2004) le reconocen la facultad para requerir la elevación a juicio, aún a pesar de la falta de instancia del acusador público; debiéndose destacar que tal posibilidad también es expresamente otorgada por el artículo 431 del C.P.P.; así como también surge de la facultad que tiene el querellante de apelar el sobreseimiento dispuesto.-

LO expuesto demuestra entonces que si bien el procedimiento del artículo 265 se presenta como consagración plausible del Derecho a ser Juzgado en un Plazo Razonable, por su otra faz, podría presentarse como conculcatorio de los derechos de la víctima; razón por la cual se torna necesaria una reforma que disponga que el emplazamiento de la Defensa lo sea ante el Juez de Garantías y comunicado por éste al Fiscal y a la eventual querella a fin que formulen requerimiento de Juicio, so pena de sobreseimiento.-


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MIGUEL NUÑEZ NAJLE
Abogado – M.P. Nº 3241
Salta